La semana pasada se montó un escándalo mayúsculo al conocerse que el asesor económico de Zapatero había fichado por la patronal de las grandes constructoras apenas unos días después de abandonar su cargo. Se trata de un comportamiento poco ético, aunque parece que legal, pero desde luego reprobable.

Pero el caso es aún más grave. Resulta que, por su fuera poco, durante 18 meses mantendrá la pensión habitual que reciben los cargos públicos al cesar (un 80% de su sueldo, o sea 2.500 euros todos los meses) y, además, el salario de su nuevo destino, que se valora en 300.000 euros anuales. Y lo peor no es que se vaya a cometer este desfalco a las cuentas públicas con esa tropelía que caracteriza a los políticos, sino que encima se supone que la indemnización se le concede en compensación por “no aceptar cargos incompatibles con su anterior tarea”, una condición que ni siquiera cumple. Pero claro, como quien le tiene que mandar el dinero será amigo, pues todo quedará en nada. Y el tampoco va a renunciar a tanto dinero, que será socialista-progresista, pero no tonto. ¡Qué país!